por Grupo de estudio sobre modelo de desarrollo y democracia
Hace unas semanas, en medio del debate, ya de varios años, por la ratificación norteamericana del Tratado de libre comercio Estados Unidos-Panamá, en presencia del Federico Hubert, diplomático panameño en Washington, el congresista Baucus, expresaba la advertencia de que es dudoso que el gobierno del presidente electo, Ricardo Martinelli, haga tantas concesiones a Estados Unidos como las que el gobierno de Torrijos está dispuesto a hacer para lograr este tratado tanto en el aspecto laboral como fiscal. En otro momento, Baucus dijo que “si no logramos este acuerdo ahora, es posible que no lo logremos”. Inmediatamente las preocupaciones del congresista cayeron sobre Panamá como paraíso fiscal: aunque todos los paraísos fiscales del mundo “tienen que ser cerrados”, dijo Baucus, las reformas que Panamá debe hacer sobre ese tema pueden dejarse para más adelante. Mientras, el senador demócrata, Robert Menéndez, calificaba a Panamá como “uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo” y calificó de simple “aspiración” que el país haga reformas en el futuro si ya tiene en el bolsillo el Tratado de promoción comercial.
En aquella reunión, en la que hacia presencia el diplomático Humbert, se mencionó en muchas ocasiones que el vicepresidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, ya se había comprometido al tratado para intercambio de información tributaria que Washington desea. Pero los que se oponen al TPC sostienen que ese tratado tributario (TIEA, por sus siglas en inglés) debe firmarse e implementarse antes de ratificar el acuerdo de libre comercio.
En abril la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Panamá en una lista de 40 naciones, como otras veces, vinculadas a la actividad de los paraísos fiscales, aunque esta ya evade calificarles con ese nombre.
El problema para la gran burguesía financiera u oligopólica panameña, como la califica el economista Miguel Ramos, es que en el marco de aprobación del Tratado de Libre Comercio entre este país y Estados Unidos, Washington colocó varios elementos condicionantes, entre ellos factores vinculados a la información tributaria y el régimen de sociedades anónimas, que son parte de toda una compleja historia de perfeccionamiento de las actividades de paraíso fiscal, desde inicios de siglo XX, las cuales han venido moldeado incluso, la institucionalidad democrática del país.
Ahora que frente a la crisis económica global desatada por los excesos del capitalismo financiero, los gobiernos del G8 han tensado los hilos de su poder para intentar implementar algunas normas correctoras en los mercados, desde el órgano ejecutivo y gremios empresariales del sector privado panameño ha surgido un sólido rechazo a los intentos de calificar a Panamá en la categoría de paraíso fiscal y la OCDE ha recurrido a eufemismos diplomáticos.
Entre las entidades que cuestionan esos propósitos figuran las asociaciones Bancaria de Panamá y de Abogados Internacionales, así como funcionarios del gobierno de Torrijos y de la futura administración liderada por el magnate Ricardo Martinelli, que es, para algunos, un tipo de Silvio Berlusconi tropical.
Gisela Alvarez, ministra de Comercio del gobierno de Torrijos, señaló que en materia tributaria su gobierno "ha sido enfático al señalar que se han sostenido a todo nivel, que no estamos en posición de tomar decisiones respecto al tema de intercambio de información fiscal". Esta posición bien definida por la administración estatal saliente y entrante, de defensa de la “plataforma de servicios financieros internacionales”, ha sido una política clara de todas las administraciones gubernamentales, desde la constitución progresiva de Panamá, como Estado Corsario, señala el investigador social Antonio Mendez.
Obama y el Estado Corsario Panameño
Para Mendez el “Estado Corsario” es una versión mucho más elaborada y compleja de un paraíso fiscal, más allá de los límites de la economía financiera, a partir de la cual se ha constituido todo un tejido de relaciones jurídico-políticas que justifican un modelo de desarrollo capitalista que reproduce y sustentan al paraíso fiscal o “plataforma de servicios financieros internacionales” para usar la designación oficial de los sectores afines a la burguesía financiera. En su libro “Panamá: Estado Corsario”, el economista Miguel Ramos define que la condición metabólica de este tipo de Estado, entre otros aspectos, es el centralismo, la desregulación de los procesos productivos, del estado de derecho y la corrupción legitimada como fórmula de oxigenación o aceite, que le hace andar.
El presidente de EE UU, Barak Obama, y los congresistas demócratas han expresado su preocupación, y han señalado medidas para evitar que grandes multinacionales estadounidenses como Caterpillar Inc o Procter & Gamble Co se beneficien de la utilización de los paraísos fiscales y dejen de pagar enormes cantidades al erario público gracias a la existencia de diversos mecanismos legales.
Según estimaciones de Bloomberg y The New York Times, las medidas de Obama, dirigidas a la eliminación de tres prácticas de evasión de impuestos, suponen ingresos para los próximos 10 años de entre 190.000 millones de dólares (143.680 millones de euros) y 210.000 (unos 158.800 de euros) Es conocido también, que fuera de sus actividades “legales”, los paraísos fiscales, proporcionan a funcionarios corruptos sitios donde ocultar fondos ilícitos, sin mencionar el grueso de las actividades que supone el lavado de activos del narcotráfico, aún sin estimar dentro del sistema financiero panameño; pues para algunos analistas panameños, el modelo financiero panameño es “lavandería” más importante de la región, tomando en cuenta la importancia política que los grupos irregulares, paramilitares y Estado Colombiano, le dan al país, donde el ilícito proveniente de Colombia ha construido una amplio red social de apoyo. Para los críticos del modelo de desarrollo existente en Panamá, no es de extrañarse entonces, que si bien mientras la economía de la región, en medio de la crisis, iba en picada en los últimos trimestres, la de Panamá mantenía aún tasas con algún nivel de crecimiento por encima del resto. Incluso, pese a que la industria de la construcción en auge milagroso durante el último quinquenio, tiene como principales demandantes clientes norteamericanos y europeos, según la Camara panameña de la construcción(CAPAC). Frente a estas críticas, algunos inversionistas locales, han replicando que si bien se contrajo la compra, ahora están alquilando.
Como hemos evidenciado, para el sector financiero panameño, cámaras empresariales y los sectores políticos que le regentan, cuestionar al modelo de desarrollo configurado en Panamá a partir de la “plataforma de servicios financieros internacionales” resulta una afrenta inmoral contra la forma en que han hecho negocios por casi un siglo. Sin embargo, en un plano lógico aparente, esta posición contrasta con las propuestas hechas por el presidente Obama, en cierta medida la de OCDE y de los sectores políticos panameños que abogan por romper con el modelo de desarrollo basado en el paraíso fiscal y el Estado Corsario. Es necesario aclarar, que si bien todos estos actores cuestionan este modelo, no todos lo hacen al mismo nivel de radicalidad, ya que todos lo hacen por diferentes objetivos.
Los orígenes del paraíso fiscal
El economista Miguel Ramos, distingue que el Estado-Nación panameño fue hecho por la burguesía panameña con estructuras jurídico-políticas para arropar un modelo económico basado en las ventajas de Panamá como ruta de transito internacional, casi que exclusivamente a través del comercio de servicios con los que pasaban por la zona más estrecha del istmo en ciudades de Panamá y Colón, y que este modelo capitalista “transitista” viene atravesando varias etapas.
Durante mediados del siglo XIX la ruta del “camino de cruces” entre Panamá y Colón para ir a las Minas de oro de California disparó un auge comercial. Luego la construcción del ferrocarril norteamericano a finales del siglo XX trajo un aumento de la población de Panamá y Colón, compuesta por emigrantes afroantillanos y de Asia.
Pero fue la construcción del Canal Interoceánico, tras el fin del auge del ferrocarril, la aspiración más sentida de burguesía panameña, con la idea inicial de convertirse en explotadores secundarios de los beneficios de ese proyecto. Y fue la Guerra de los Mil Días(1899-1902) la que profundizó su desesperación, y en la que quien vio una oportunidad para la construcción del canal de Panamá, y tras el fracaso francés, se presentó en los Estados Unidos interés en la obra. Pero también el capital norteamericano tenía el control de las empresas más importantes en Panamá y la burguesía había tejido ya sus vínculos. Así que ante la negativa de Colombia de permitir la construcción del canal en las inaceptables condiciones del Tratado Herran-Hay, los otros tres interesados en el traspaso de los derechos a los Estados Unidos, a saber: el gobierno de los E. U., la compañía del ferrocarril, Phillip Bunaeu Varilla(accionista mayoritario de la nueva compañía del canal interoceánico) y la Burguesía panameña, acuerdan la separación de Panamá de Colombia en 1903, país del cual se mantenía como departamento desde los días del proyecto de Gran Colombia de Simón Bolivar.
Las obras del canal de Panamá dispararon la emigración al país, la cual alimentará el proceso formal de nacimiento de la clase trabajadora y por tanto la creación de un mercado de consumo más amplio, con la enorme población de obreros de las obras canaleras. Sin embargo, la imposibilidad de la burguesía Panameña para usar las antiguas áreas ocupadas ahora por los E.U. en sus tareas militares y canaleras durante todo el siglo xx, la llevarán desarrollar otras formas de hacer negocios.
Así, mediante el convenio Taft de 1904 la burguesía panameña transaría con los E.U. dejar circular el dólar en la economía nacional como moneda única y los E. U. no intervendría el comercio en Panamá y Colón, áreas estratégicas para los negocios de la burguesía. Esto le permitiría montar las primeras leyes de paraíso fiscal, además, como señala Ramos, se establecería fenómenos condicionantes de nuestra historia económica: a)Que Panamá no podría desarrollar una política monetaria y fiscal independiente (la política monetaria y fiscal son las dos columnas para el desarrollo económico de un estado nacional. b) Que los Estados Unidos estaba en capacidad de arruinar las economías de las ciudades de Panamá y Colón, si definían abrir la zona del canal al comercio mundial; lo cual era un temor expreso de la burguesía panameña.
c) La circulación del dólar desestimula la formación de una política exportadora y por el contrario estimula las importaciones con lo que se genera el gran desequilibrio comercial que ahoga a los sectores productivos nacionales.
La Corsarización del Estado y la Economía panameña
Al terminarse las obras de construcción del canal en 1914, se produjo una verdadera depresión económica en el istmo, que se extendió a toda la década del veinte, que explica en gran parte la inestabilidad política de Panamá durante tres lustros, y donde la clase trabajadora jugó un papel destacado. Inicialmente la crisis no se sintió fuerte por la primera guerra mundial, ya que la actividad militar de E.U. oxigenaba el comercio local.
Como señala Ramos “...el colapso de Wall Street en octubre de 1929, o Crak económico del 29, fue para Panamá la profundización de su crisis económica ya endémica. Y fue uno de los factores de las crisis políticas que desmoronó el dominio oligárquico en los años veinte y que se expreso en el fraccionamiento del partido liberal..”, el partido hegemónico desde 1903, como le sucedería al Partido Arnulfista en los 60tas o al PRD en el 2009, en plenos periodos de crisis de liderazgos para la recomposición del capitalismo transitista en crisis.
Para recomponer su modelo de hacer negocios, la burguesía inicia entonces la llamada Corsarización de la economía y del Estado panameño. Por lo anterior entendamos que a partir de entonces, la burguesía panameña y extrajera radicada en Panamá, tendrá como base de su acumulación, actividades económicas legalizadas por su Estado, o de carácter ilegal, que convierten a Panamá en una base-refugio para que los capitales internacionales evadan regulaciones, controles fiscales sobre impuestos y movimiento de capitales de otros países. Estas actividades aparecidas y perfeccionadas paulatinamente durante nuestra historia son por ejemplo las siguientes:
a) Ley de Abanderamiento de barcos (1925) b) Venta de sociedades anónimas fantasmas(Ley 32 de 1927) c) Leyes de fideicomiso(1925). d) Leyes de herencia(1932). e) Centros de contrabando legalizados(Zona Libre, 1948) f) Lavado de dineros del narcotráfico y actividades afines(leyes bancarias, 1970)
Así como la Dictadura Militar de 1968 y la creación del PRD significó el ascenso y asimilación de ciertos sectores organizados de capas medias ligadas al régimen, que luego se constituyeron en los nuevos millonarios de Panamá, la llegada al poder de Acción Comunal(luego partido Arnulfista), y específicamente de Harmodio Arias a la presidencia en 1932, significó una apertura a las capas medias al poder del Estado, dándole estabilidad política. Como Torrijos, Harmodio Arias, representa el reajuste del orden político y económico de la burguesía, al tiempo que disminuye el descontento popular(Ley inquilinaria de 1932, reforma agraria, etc.). Como Torrijos, Arias también inicia el reajuste del modelo de desarrollo transitista, corsarizando del Estado panameño.
Siendo abogado en Londres en 1914, Arias, ve como EU estaba adoptando impuestos corporativos y ciertos empresarios quería pasar su compañía a una jurisdicción que tuviera un código legal anglosajón pero nada de impuestos, y así acuerda con la firma londinense Sullivan y Cromwell el diseño del sistema legal de Panamá para conseguirlo.
Arias era en ese momento parte de la Comisión Nacional de Codificación que redactó un nuevo código fiscal en 1914 y fue legislador durante toda la década del 20. Él redactó la primera ley fiduciaria de América Latina y la ley de registro de barcos en 1925, que convirtió a Panamá en una bandera de conveniencia. En 1927 consiguió que la Asamblea Nacional adoptara una ley corporativa copiada de la de Delaware, la más flexible de la época, incluso mejor que Suiza.
Cuando llegó a ser presidente en 1932, Harmodio también reestructuró los impuestos de ingresos, de modo que todo ingreso recibido por las compañías fuera de Panamá estaba libre de impuestos. También fijó una tasa baja para impuesto a las sucesiones de modo que los no residentes podían establecer compañías de papel para albergar su riqueza. El hijo de Harmodio, Gilberto Arias, abogado, político y figura prestante de la oligarquía panameña, fue entrevistado en los años ochenta por el investigador y periodista norteamericano James Henry, donde narró con detalles este proceso, y aparece en el libro de Henry llamado “Banqueros y Lavadores”.
Como Omar Torrijos, Harmodio Arias de Acción Comunal utilizó el populismo como una política nacionalista en nombre de la recuperación de la soberanía Panameña en el Canal de Panamá y la Economía local, para tener cierta relación de poder estable frente a los norteamericanos. Por ello obtuvo fortaleza política con el apoyo de las capas medias y algunos sectores de la clase trabajadora.
Los posteriores gobiernos a Acción Comunal dedicaron sus esfuerzos, como portavoces de las intereses de la burguesía local, a perfeccionar su modelo transitista, en medio de sucesivos periodos de crisis políticas.
El aumento de una opinión de las masas populares contra la presencia norteamericana en el país, o sentimiento nacionalista, fue aprovechado, como en tiempos de Acción Comunal, para mejorar la posición política de la burguesía con respecto al usufructo de las áreas Canaleras. Y precisamente a finales de 1968, el golpe militar encabezado por los oficiales de la Guardia Nacional, Boris Martinez y Omar Torrijos, acuerpan esta reivindicación histórica. De esta manera el régimen se hizo de una gran base popular con apoyo de un sector de la izquierda política del Partido del Pueblo.
El nuevo régimen supo canalizar todo el descontento nacional contra la presencia norteamericana y sentar las bases de otro periodo de modernización del Estado Corsario, que ya en los años cuarenta se había fortalecido con la creación de la Zona Libre de Colón. Como puede verse ambos momento de modernización del Estado Corsario coinciden con sendas crisis en el sistema político de la burguesía. Este proceso de recomposición del modelo transitista culminaría con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, con la cual la burguesía oligopólica se permitió, una vez entregados a jurisdicción panameña los bienes canaleros, montar importantes negocios sobre esas áreas, comercio y nuevas zonas francas. Sin embargo, también en este periodo fue el momento del establecimiento en Panamá del llamado Centro Bancario Internacional, establecido a partir de la promulgación del Decreto 238 de julio de 1970 por Torrijos.
El economista Miguel Ramos dice que “..el establecimiento del centro bancario obedece a factores tanto de orden interno como externo...el desarrollo del sector industrial proveniente de la década de los cincuenta y que se acelera en la década siguiente llega a convertirse en un problema interburgues (entre dos bandos de la Burguesía) debido a que la continuidad en el desarrollo de ese sector hubiera requerido una serie de medidas jurídicas y de reforma institucional que hubieran atentado primero contra el carácter esencialmente importador de nuestra economía; segundo, contra el contrabando de afuera hacia adentro incluyendo la Zona Libre; tercero, contra el propio Estado Corsario.
El origen internacional de la ubicación en Panamá, del Centro Bancario internacional, consiste en que en la década del sesenta, en varios países imperialistas y fundamentalmente en los Estados Unidos, se incrementó la fiscalización de las actividades bancarias, lo cual prueba una vez más, que el sistema capitalista tiene un gran componente ilícito. Como producto de ello, muchos bancos o sus filiales se establecieron en diversos Estados, muchos de los cuales podrían ser llamados también, aunque sea parcialmente, Estados Corsarios. Panamá fue uno de estos Estados. Pero vale preguntarse ¿Porque Panamá? La respuesta salta a la vista. Panamá como varios de los Estados Corsarios cuenta con grandes antecedentes de flexibilidad fiscal, porque el Estado no sanciona las actividades ilícitas de las empresas y porque su burguesía esta siempre muy dispuesta a participar de ese tipo de negocios y cuentan con toda una estructura institucional propicia, a la sazón. Vale anotar que Panamá, como las Islas de Gran Cayman, Singapur, Hong Kong son puertos. Y en los puertos, las actividades ilícitas son muy comunes. He aquí, el significado del istmo dentro del engranaje de los flujos económicos del capital global.
La política de compra y venta de lideres sindicales y sociales por puestos en el Estado y la fundación del Partido Revolucionario Democrático en 1980 fue la formula del régimen para dar continuidad a su proyecto de protección al modelo transitistas, sin embargo, el advenimiento de la lumpenización del régimen, a manos del militar Manuel A. Noriega, de relación directa con los negocios del narcotráfico y el lavado fuera de las influencias de los E.U., hizo que a finales del siglo XX, los E.U. prescindiera de él, mediante la invasión del 20 de diciembre de 1989.
Al iniciar los años noventa, se retorna al régimen político de antes de 1968, basado en la partidocracia, donde los dos partidos históricos, el PRD y el Partido Arnulfista, se alternan en el poder, sin embargo, las medidas neoliberales aplicadas con mayor crudeza en el planeta, liberaliza el sector de las finanzas globales, dando fuerte competencia al Estado Corsario. Pero a pesar de la burbuja especulativa liderada por los E.U., a mediados de 1999, el sector bancario panameño llegar a contar con activos de cerca de 36 mil millones de dólares.
Al agotarse el modelo de la especulación financiera a nivel mundial, a mediados de 2003, el modelo Corsario buscaba nuevas formas de mover sus activos, y encuentra en una de ellas a las obras de Ampliación del Canal de Panamá, abriendo zonas especiales sin regulación laboral para atraer multinacionales y el reforzar el crédito a la industria de la construcción, de una “oscura” demanda internacional. Para el 2008, al hacer crisis la economía financiera capitalista a nivel global, el modelo Corsario se queda sin justificación para mover sus activos, e inicia un proceso de recesión. Entonces sobreviene la crisis política de los dos grandes partidos, y como en el pasado, una nueva figura surge, esta vez, en la cabeza del magnate Ricardo Martinelli, digno representante de la burguesía Corsaria, quien arrastra en su alianza al viejo Partido Arnulfista.
Frente aun escenario de crisis de desgaste del modelo corsario y presión internacional de los países del capitalismo desarrollado contra los paraísos fiscales, al considerarlos parte responsable de la crisis por atentar contra la economía capitalista “sana”, la burguesía, a través de sus partidos principales, se defiende, apelando al viejo nacionalismo chovinista, como narrábamos al principio de este artículo.
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